Durante los últimos meses del gobierno de Pedro Castillo en Perú, se ha revelado que se destinaron alrededor de S/ 13 millones de soles para publicidad en medios alternativos de provincia, así como a personas con permiso de difusión radial y otros profesionales, entre el tercer y cuarto trimestre del 2022. A pesar de la mala relación que existió entre el presidente y su premier, Aníbal Torres, con la prensa, se gastó esta cantidad en medios transmitidos a través de Facebook, radios poco conocidas y a dueños de frecuencias sonoras cuyos permisos estaban a punto de expirar.
Según la propia información otorgada por la Presidencia del Consejo de Ministros, se asignaron S/2’917,962.51 como monto de los contratos suscritos en el tercer trimestre del 2022, que abarca los meses de julio, agosto y septiembre, pero se ejecutó S/4’836,444.55 para campañas de índole sanitaria. Los medios que recibieron esta publicidad son, en su mayoría, poco conocidos y transmiten en provincias.
Es destacable que se asignó dinero a personas como Jorge Urribari Rozas, uno de los promotores en Anta, Cusco, de la salida de la Presidencia de la República Dina Boluarte, a quien se le asignó un monto de S/9,492. Asimismo, Rod Evaristo Odar Alburqueque, conocido antiminero propietario de una radio en Bagua Grande, recibió S/3,825 por concepto de publicidad. Otro caso es el de Abel Merlín Gonzales Vargas, propietario de radio y TV en el Alto Huallaga en Tocache, a quien se le entregó S/11,331. De igual forma, Javier Chura Sarmiento, un docente provinciano, recibió S/18,054.
Este tipo de asignación de recursos a medios poco conocidos y a dueños de frecuencias sonoras que están a punto de expirar, generan una gran desconfianza en la ciudadanía. A esto se le suma que se haya destinado una cantidad importante de dinero para publicidad en plena crisis política y social del país, donde muchas personas están luchando por sobrevivir.
Es necesario que el Estado tenga una política de transparencia en la asignación de recursos y en el uso de estos, especialmente en momentos de crisis y tensión política. La ciudadanía necesita confiar en sus autoridades y en la gestión que realizan, y la asignación de recursos debe ser clara y objetiva, evitando cualquier tipo de favoritismo o preferencia.