La Fiscalía de la Nación ha allanado la casa del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, desde las 5:30 a.m. como parte de una investigación por el presunto delito de abuso de autoridad. El allanamiento está relacionado con las grabaciones de conversaciones entre Santiváñez y el capitán Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’. Estas diligencias también se están llevando a cabo en la sede del Ministerio del Interior, lo que ha generado una gran atención mediática sobre el caso.
Los audios grabados por Izquierdo en un restaurante de San Borja revelan una conversación en la que se escucha al ministro hablar sobre la supuesta exigencia de la presidenta Dina Boluarte para desactivar la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) a cambio de la designación de Santiváñez en el cargo de ministro. En consecuencia, el capitán Izquierdo entregó un USB a la Fiscalía con las grabaciones, lo que ha sido parte de la evidencia clave en la investigación.
Además, como parte de las diligencias, el Ministerio Público solicitó al ministro Santiváñez entregar su teléfono móvil para obtener más información relacionada con el caso. Sin embargo, el ministro entregó un teléfono sin chip y formateado, lo que ha generado sospechas de que intentó ocultar pruebas. En respuesta a estas acusaciones, Santiváñez se defendió públicamente, confirmando el allanamiento y subrayando que se está llevando a cabo dentro del marco de las investigaciones por abuso de autoridad.
A lo largo de la investigación, han surgido nuevas denuncias contra Santiváñez, las cuales involucran a testigos protegidos que han revelado presuntos sobornos pagados al ministro para alterar resoluciones judiciales a favor de ciertos clientes. Según los testimonios, Santiváñez habría recibido pagos de hasta $60.000 a cambio de influir en fallos judiciales, presuntamente utilizando su posición para beneficiar a fiscales y jueces corruptos. Estos sobornos habrían sido solicitados para «resolver» casos penales, y uno de los ejemplos mencionados involucra a un capitán del caso El Escuadrón de la Muerte, en el que la familia de un investigado habría entregado dinero para obtener un fallo favorable.
El escándalo se complica con las pruebas adicionales de audios, videos y documentos que respaldan las acusaciones de los testigos. La denuncia de los sobornos y la supuesta intervención de Santiváñez en la manipulación de fallos judiciales profundiza las implicaciones legales que enfrenta el ministro, lo que podría tener repercusiones significativas en su cargo y en su futuro político. Mientras tanto, el Ministerio Público sigue con las investigaciones, con la finalidad de esclarecer todos los hechos y determinar las responsabilidades legales correspondientes.
