El diputado de Ahora Nación, Harvey Colchado, se pronunció públicamente luego de que el Ministerio Público solicitara 9 años y 4 meses de prisión en su contra por los presuntos delitos de negociación incompatible y falsedad ideológica. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el exjefe de la Diviac rechazó la acusación y afirmó que no cuenta con el debido sustento legal.
«Soy inocente de los cargos que se me imputan»
En su pronunciamiento, Colchado sostuvo que la acusación fiscal contiene «insuficientes elementos de convicción» para atribuirle los delitos investigados. Asimismo, aseguró que confía en demostrar su inocencia durante el proceso judicial y reiteró que siempre ha respetado la autonomía del Ministerio Público y la independencia del Poder Judicial. «Como ciudadano y hoy diputado de la República, tengo la absoluta convicción de que soy inocente de los cargos que se me imputan», manifestó.
El legislador también hizo énfasis en que, mientras el proceso continúe en investigación, mantiene intacto su derecho constitucional a la presunción de inocencia. En ese sentido, expresó su confianza en que un proceso objetivo e imparcial permitirá esclarecer los hechos y determinar la verdad de las imputaciones formuladas por la Fiscalía.
Colchado vincula la acusación con su designación en la Comisión de Ética
Harvey Colchado también cuestionó el momento en que se hizo pública la acusación fiscal. Según indicó, ello coincide con su reciente incorporación como integrante de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, por lo que advirtió que no permitirá que una investigación sea utilizada como mecanismo de presión política. «No permitiré que ninguna investigación sea utilizada como herramienta o instrumento de presión política», afirmó en su comunicado.
El requerimiento del Ministerio Público sostiene que los hechos investigados se remontan a 2021, cuando Colchado habría consignado en un documento público que su ocupación era «independiente», pese a que, según la tesis fiscal, aún ejercía funciones como coronel de la Policía Nacional del Perú. La Fiscalía solicita una pena total de 9 años y 4 meses de prisión, además de otras sanciones, mientras corresponde al Poder Judicial decidir si el caso pasa a juicio oral.