Fiscalía solicita prisión efectiva contra Vladimir Cerrón por incumplimiento de pago de reparación civil

La fiscalía solicitó al Poder Judicial la revocación de la pena suspendida de cuatro años impuesta al exgobernador regional de Junín.


El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín solicitó la ampliación de investigación preparatoria contra Vladimir Roy Cerrón Rojas, por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal, por el caso ‘Los Dinámicos del Centro’.

La solicitud formulada por la fiscal Bonnie Bautista, titular de este despacho, se sustenta en que existirían indicios reveladores -como conversaciones existentes en las actas de lectura de celular, actos de corroboración con el aspirante a colaborador eficaz y la información brindada por los aspirantes a colaboradores eficaces- que harían presumir que Cerrón Rojas sería integrante de la mencionada organización criminal.

También estas versiones han permitido presumir que el exgobernador de Junín conocía del tráfico de licencias en el interior de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones y del direccionamiento en la contratación de personal bajo la modalidad CAS, todos con afinidad al partido político que lidera.

El requerimiento fiscal ha establecido un plazo de investigación de 36 meses. Asimismo, ha ordenado el cumplimiento de diferentes diligencias, entre ellas la recepción de la declaración indagatoria a Cerrón Rojas, programada para el 26 de agosto o el 31 de agosto de 2021, a las 09:30 horas.

Revocación de suspensión de pena privativa

La representante del Ministerio Público, además, solicitó al Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huancayo, la revocación de la suspensión de la pena de cuatro años de cárcel impuesta a Vladimir Roy Cerrón Rojas, Henry Fernando López Cantorín, Juan Carlos Sulca Yauyo y Carlos Arturo Mayta Valdez, por la comisión del delito contra la administración pública, en su modalidad de negociación incompatible.

Según el pedido del despacho fiscal existiría un flagrante incumplimiento de las reglas de conducta fijadas contra los procesados, en relación con el pago del monto por reparación civil.


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