Zoraida Ávalos no acudió a testimonial de Pedro Castillo por caso ascensos militares

Fiscal de la Nación fue diagnosticada con cálculos renales, por lo que le dieron descanso médico.


El Ministerio Público informó que este lunes Zoraida Ávalos ingresó de emergencia a una clínica local por una dolencia física, por lo que no podrá participar en la diligencia de recepción de la declaración testimonial del presidente Pedro Castillo, la cual estará a cargo del fiscal adjunto supremo Ramiro González.

El presidente de la República, Pedro Castillo, rinde su declaración en calidad de testigo como parte de la investigación preliminar que inicio la Fiscalía de la Nación sobre la presunta injerencia del Poder Ejecutivo en el proceso de ascensos de oficiales del Ejército Peruano y de la Fuerza Aérea del Perú.

La diligencia reservada se lleva a cabo desde las 11: 00 a. m. en la sede de Palacio de Gobierno, en el Centro de Lima, a pedido del jefe del Estado en atención a las prerrogativas que tiene por su condición de alto funcionario.

El interrogatorio del mandatario iba a ser realizado por la propia titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, pero por su estado de salud se encargó esta labor al fiscal supremo adjunto, Ramiro Gonzáles Rodríguez, quien intervino en la mayoría de diligencias programadas para el esclarecimiento del caso.

Esta es la segunda vez que se reprograma esta diligencia fiscal que estuvo inicialmente establecida para el 14 de diciembre y luego para el 29 de diciembre.

En el último caso, mandatario Pedro Castillo acudió con su abogado defensor al despacho de la fiscal de la Nación para solicitar que se reprograme su testimonial para este martes 28 de diciembre, debido a que su recargada agenda de trabajo le imposibilitaba estar presente en la diligencia del miércoles.

Zoraida Avalos inició el pasado 11 de noviembre una investigación preliminar al ahora exministro de Defensa, Walter Ayala, y al exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, así como a los que resulten responsables por los presuntos delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal en el escándalo de los ascensos militares, donde se determinó recibir la declaración en calidad de testigo del presidente Pedro Castillo.


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