El Gobierno del Perú comunicó formalmente a México que la ex primera ministra Betssy Chávez cuenta con una condena vigente y que, pese a haber recibido un salvoconducto para salir del país tras el asilo diplomático concedido por el gobierno mexicano, el Estado peruano se reserva el derecho de solicitar su extradición si las circunstancias legales lo requieren. La información fue confirmada por el canciller Carlos Espá, quien explicó que esta precisión fue incluida en la comunicación oficial remitida a las autoridades mexicanas.
Gobierno peruano deja abierta la posibilidad de una extradición
Según explicó el titular de Relaciones Exteriores, el otorgamiento del salvoconducto no implica que el Perú renuncie a las acciones judiciales que pudieran corresponder en el futuro. Betssy Chávez fue autorizada a viajar a México en cumplimiento de las obligaciones internacionales derivadas del asilo diplomático, pero el Ejecutivo dejó constancia de que la exfuncionaria mantiene una condena impuesta por la justicia peruana y que esta situación podría sustentar un eventual pedido de extradición.
La exjefa del Gabinete Ministerial abandonó el territorio nacional durante la madrugada del 7 de agosto con destino a México, luego de permanecer varios meses en la sede diplomática mexicana en Lima. Su salida permitió destrabar el conflicto que mantenían ambos países y facilitó el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos gobiernos, anunciado ese mismo día mediante un comunicado conjunto.
Salida de Chávez no pone fin a los procesos judiciales
Especialistas en derecho internacional recuerdan que el asilo diplomático y la extradición son mecanismos jurídicos distintos. Por ello, el hecho de que México haya concedido protección a Betssy Chávez no impide que, si se cumplen los requisitos establecidos en los tratados internacionales y en la legislación de ambos países, el Estado peruano pueda presentar en el futuro una solicitud formal para que la ex primera ministra sea entregada a la justicia peruana.
El caso de Betssy Chávez continúa siendo uno de los principales asuntos políticos y judiciales derivados del fallido intento de golpe de Estado de diciembre de 2022. Mientras la exfuncionaria ya se encuentra en territorio mexicano bajo la figura del asilo diplomático, el Gobierno peruano ha dejado en claro que el proceso judicial en su contra sigue vigente y que evaluará las acciones legales que correspondan conforme avance el caso.