La bancada de izquierda Juntos por el Perú (JPP) busca que el papa León XIV visite al expresidente Pedro Castillo en el penal de Barbadillo, donde cumple una condena por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La iniciativa contempla solicitar un encuentro durante la próxima visita del sumo pontífice al país, apelando a razones humanitarias y de caridad pastoral. Sin embargo, la carta preparada por legisladores de la agrupación quedó temporalmente sin efecto y todavía no se ha confirmado su envío al Vaticano.
El diputado Marlon Aguirre respaldó públicamente la propuesta y sostuvo que el líder de la Iglesia católica tiene la facultad de visitar a cualquier ciudadano que necesite acompañamiento espiritual. «El santo padre es una autoridad católica, puede visitar a enfermos, puede visitar a cualquier tipo de ciudadano que lo requiera. Si se puede ese pedido, bienvenido sea y vamos a respaldar», declaró el parlamentario, defendiendo la posibilidad de que Castillo reciba al pontífice durante su permanencia en territorio peruano.
La iniciativa se produce mientras Juntos por el Perú también prepara un proyecto de ley que buscaría otorgar una amnistía al exmandatario por los hechos relacionados con el intento de golpe de Estado. Roberto Sánchez, dirigente de la agrupación, confirmó que la bancada presentará la propuesta, aunque evitó precisar sus alcances. «La bancada se va a pronunciar prontamente porque se va a presentar ese proyecto de ley», manifestó. Estas acciones vuelven a colocar en el debate político los intentos de la izquierda por favorecer la situación legal de Castillo, quien además afronta investigaciones por presuntos actos de corrupción durante su gobierno.
La eventual visita del papa León XIV a Barbadillo no forma parte de las actividades confirmadas por el Vaticano. Su llegada al Perú está prevista para noviembre, en el marco de una gira apostólica por Sudamérica. Mientras tanto, la propuesta de Juntos por el Perú abre interrogantes sobre el uso político que podría darse a un encuentro de carácter religioso, especialmente cuando la misma agrupación promueve medidas legislativas a favor del expresidente. Cualquier modificación de la agenda papal dependerá exclusivamente de las autoridades correspondientes de la Santa Sede.