El Gobierno peruano oficializó la creación del Registro Nacional de Organizaciones Criminales con Prácticas Terroristas (RENOCTE), una nueva herramienta destinada a identificar a las bandas delictivas que utilizan explosivos, armas y otros métodos de violencia extrema para sembrar temor entre la población. La medida fue establecida mediante el Decreto Legislativo N.º 1746, publicado este sábado 21 de noviembre en el diario oficial El Peruano.
La disposición modifica la Ley N.º 30077, Ley contra el Crimen Organizado, y establece que el registro estará bajo la administración de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (SEDENA). Su contenido tendrá carácter secreto e incluirá información sobre las organizaciones criminales, sus integrantes y colaboradores. La inscripción podrá sustentarse en actuaciones fiscales o judiciales, así como en una evaluación del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (COSEDENA).
Para incorporar a una organización en este registro, las autoridades deberán evaluar criterios como la existencia de una estructura criminal organizada y jerarquizada, la planificación o ejecución de atentados con explosivos o armas y la búsqueda de beneficios económicos ilícitos. Estas disposiciones buscan enfrentar a las bandas que recurren a ataques contra viviendas, medios de transporte, establecimientos e infraestructura esencial para desarrollar sus actividades delictivas.
La nueva normativa también establece penas de entre 15 y 35 años de prisión para quienes, como integrantes de una organización criminal, utilicen prácticas terroristas con fines económicos ilegales. Asimismo, faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a disponer el congelamiento inmediato de fondos y activos de las personas o entidades comprendidas en el registro. También contempla la emisión de alertas migratorias preventivas para los individuos identificados.
Con esta medida, el Ejecutivo busca fortalecer la prevención y la respuesta del Estado frente al crimen organizado, especialmente ante las organizaciones que emplean la violencia para intimidar a ciudadanos y empresarios. El decreto dispone, además, que la reglamentación del nuevo registro deberá aprobarse en un plazo de 30 días hábiles, mientras las autoridades correspondientes deberán coordinar el intercambio de información para su implementación.
