El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial imponer 18 meses de prisión preventiva contra el empresario y expeleador de artes marciales Jackson Mora y otras ocho personas investigadas por los presuntos delitos de fraude informático y banda criminal. La medida fue presentada por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Molina y Cieneguilla, como parte de una investigación relacionada con el presunto desvío de recursos públicos pertenecientes a la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chincha.
De acuerdo con la tesis fiscal, los investigados habrían integrado una presunta organización dedicada a vulnerar sistemas informáticos de entidades públicas para ejecutar transferencias irregulares de dinero. La investigación sostiene que cerca de S/ 9,9 millones fueron desviados desde las cuentas de la municipalidad y posteriormente distribuidos a través de empresas y cuentas bancarias con el objetivo de ocultar el origen de los fondos. Entre los comprendidos en el requerimiento figuran Jackson Mora, César Nepo Zolla, Daniel Mesones Mazzini, Giovani Torrico Mugaburu, Fabia Reyes Salas, Roy Chauca Tantalean, Fiorella Gallo Roncalla, Máximo Ojeda Cisneros y Álvaro Vacacela Guerrero.
Como parte de las diligencias, la Fiscalía y la Policía Nacional realizaron allanamientos en 11 inmuebles ubicados en distintos distritos de Lima y Callao, entre ellos Santiago de Surco, San Miguel, Ventanilla, Bellavista, San Martín de Porres, Surquillo, Punta Hermosa y Los Olivos. Durante los operativos se incautaron equipos electrónicos, documentos y otros elementos que serán analizados para determinar la presunta participación de cada uno de los investigados en el caso.
En los últimos días, el nombre de Jackson Mora ha permanecido en el centro de la atención pública luego de que las autoridades difundieran detalles de la investigación. La Fiscalía sostiene que existen suficientes elementos de convicción para sustentar el pedido de prisión preventiva mientras continúan las pesquisas. No obstante, la responsabilidad penal de los investigados deberá ser determinada por el Poder Judicial en el marco del debido proceso y respetando el principio de presunción de inocencia.
