El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) inició un procedimiento de investigación contra el colegio Innova Schools, luego de que se conociera un presunto caso de abuso escolar ocurrido en una de sus sedes en el distrito de Ate. La entidad busca determinar si la institución educativa actuó de manera oportuna y cumplió con los protocolos establecidos para proteger al menor afectado y garantizar un entorno seguro para sus estudiantes.
De acuerdo con el organismo, la investigación evaluará si el colegio incurrió en una presunta infracción al deber de idoneidad previsto en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, norma que obliga a los proveedores de servicios educativos privados a brindar condiciones adecuadas de seguridad y atención frente a situaciones de violencia. En caso de comprobarse alguna responsabilidad administrativa, Indecopi podría imponer una sanción de hasta 450 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a aproximadamente S/2,4 millones.
El caso tomó relevancia nacional tras la denuncia presentada por los padres de un estudiante de 10 años, quien habría sido víctima de agresión sexual dentro del plantel. A raíz de los hechos, el Ministerio Público abrió una investigación penal para esclarecer lo ocurrido, mientras que el Ministerio de Educación, a través de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), dispuso medidas de supervisión e intervención para garantizar la protección del menor y verificar el cumplimiento de los protocolos de atención en la institución educativa.
Por su parte, Innova Schools expresó su disposición de colaborar con las autoridades durante las investigaciones y anunció la implementación de medidas para reforzar la seguridad en la sede involucrada, entre ellas el fortalecimiento de la supervisión de los estudiantes y la revisión de sus procedimientos internos. En tanto, Indecopi recordó que todos los colegios privados tienen la obligación de actuar de manera inmediata frente a cualquier denuncia de violencia escolar, proteger a las víctimas y comunicar oportunamente los hechos a las autoridades competentes, advirtiendo que el incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar a severas sanciones administrativas.
