La presidenta Keiko Fujimori confirmó que las Fuerzas Armadas tendrán presencia en las calles y en el transporte público como parte de las medidas que implementará su Gobierno para enfrentar el avance de la delincuencia, el crimen organizado y las redes de extorsión que afectan a distintas regiones del país.
Durante la presentación de los primeros lineamientos de su gestión, la mandataria explicó que los militares actuarán en coordinación con la Policía Nacional del Perú, especialmente en las zonas declaradas en estado de emergencia, con el objetivo de recuperar el control del orden interno y garantizar la seguridad de la población.
Militares reforzarán la seguridad en buses y espacios públicos
Fujimori adelantó que el despliegue incluirá unidades de transporte público, donde efectivos policiales y militares realizarán labores de vigilancia permanente para prevenir actos de extorsión, asaltos y otros delitos. La medida busca devolver la confianza a los ciudadanos y proteger a los transportistas, uno de los sectores más golpeados por la criminalidad.
La presidenta señaló que el Ejecutivo utilizará todas las herramientas que permite la Constitución para restablecer la autoridad del Estado en los territorios con mayor incidencia delictiva. Asimismo, anunció que impulsará cambios operativos con el respaldo del Congreso y del sistema de justicia para fortalecer la lucha contra las mafias.
Gobierno prioriza la lucha contra el crimen organizado
Como parte de su estrategia de seguridad, el Gobierno también contempla la modernización tecnológica de la Policía Nacional mediante sistemas de videovigilancia, herramientas de inteligencia artificial e intercambio de información para anticipar y combatir las acciones de las organizaciones criminales.
Las medidas forman parte del plan de seguridad presentado por Keiko Fujimori al inicio de su mandato y buscan responder al incremento de la inseguridad ciudadana. El Ejecutivo sostiene que el trabajo conjunto entre las Fuerzas Armadas y la Policía permitirá recuperar progresivamente el control de las zonas más afectadas por el crimen organizado.