El expresidente peruano Alejandro Toledo será recluido en el penal de Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate, luego de que una junta calificadora del Instituto Penal Penitenciario (INPE) tomara la decisión de su traslado. Este recinto ha alojado en los últimos años a tres expresidentes con cuentas pendientes con la justicia: Ollanta Humala, Pedro Castillo y Alberto Fujimori.
El jefe del INPE, Javier Llaque, anunció que el penal está preparado para recibir al exjefe de Estado. Toledo fue captado en el Aeropuerto Internacional de San Francisco y fue trasladado en silla de ruedas y custodiado por alguaciles del servicio Marshal que vestían de civil.
La jueza Margarita Salcedo será quien realice el control de identidad del acusado en el Centro de Lima, lo que implica un cambio en los planes originales, ya que inicialmente estaba programado que Toledo fuera transportado en helicóptero desde la Dirección Nacional de la Policía Aérea (DIPA) al penal.
Hubo un cambio de planes de último momento, ya que el magistrado que realizaría el control de identidad iba a ser Richard Concepción Carhuancho, quien ha visto el caso de Toledo desde el inicio. Concepción fue quien dictó la prisión preventiva en febrero de 2017 que sirvió para empezar con el proceso de extradición.
No obstante, de acuerdo a fuentes judiciales, el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria no estará de turno este domingo y lo suplirá Margarita Salcedo. La otra variación que esto implicará será el traslado del exjefe de Estado al penal de Barbadillo.
Estaba programado que el acusado pase el control de identidad y los exámenes médicos de ley en la DIPA, para luego ser transportado en helicóptero a la cárcel. Pero Salcedo insistió en que Toledo debe acudir a su juzgado, en el Centro de Lima, para ser sometido a la diligencia.
Ayer, un grupo de autoridades se reunió en la sede de la Dirección Nacional de la Policía Aérea (DIPA), ubicada en el Aeropuerto Jorge Chávez, para coordinar el recibimiento de Toledo Manrique. Entre esos funcionarios se encontraba la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y generales de la Policía Nacional.