La Asociación Deportiva del Fútbol Peruano (ADFP) ha presentado una denuncia penal ante el Ministerio Público del Perú contra el expresidente Pedro Castillo y el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, por un presunto caso de corrupción en la organización del Mundial Sub-17, que finalmente la FIFA retiró del país. La ADFP acusa a los mencionados partidos de malversación de fondos.
Liliana Campos, abogada de la ADFP, anunció este miércoles que la FPF recibió fondos públicos para organizar la competencia que la FIFA retiró del país por su «incapacidad para cumplir con sus compromisos y completar la infraestructura necesaria para la realización del torneo».
“Si uno es privado para unas cosas, no puede querer ser público para otras. Eso en derecho penal se llama malversación, que es un delito”, dijo Campos.
El abogado afirmó que «hubo una transferencia de dinero» a la FPF, que salió de las arcas del Estado cuando Castillo Terrones era presidente.
“Estamos hablando de un delito que conlleva una pena no menor de 20 años”, enfatizó el abogado sobre la supuesta participación de los imputados en esta organización criminal.
La ADFP, que tiene asociados clubes como el bicampeón Alianza Lima, Universitario de Deportes y otras seis entidades de la primera y segunda división nacional, denunció el caso ante el Ministerio Público peruano.
La FPF negó en declaraciones a Efe este miércoles que Lozano o la federación fueran responsables de utilizar recursos públicos para la fallida organización del Mundial Sub-17.
Según Liliana Campos, abogada de la Asociación de Fútbol Profesional (ADFP), estas personalidades fueron denunciadas ante el Ministerio Público por malversación de fondos para la organización del evento deportivo que finalmente no concretó tras la decisión de la FIFA.
Como recordatorio, el 28 de abril de 2022, Pedro Castillo, aún Presidente de la Nación, entregó garantías gubernamentales a Agustín Lozano para la realización del Mundial Sub-17 en el país. El vínculo también los unió económicamente, pues el Estado debía contribuir a mejorar la infraestructura deportiva en Lima y provincias.
Liliana Campos argumentó que la Federación Peruana de Fútbol, al ser una entidad privada que opera bajo las reglas de la FIFA, no debe recibir dinero del Estado. “Si uno es privado para unas cosas, no puede querer ser público para otras. Eso en el derecho penal se llama peculado, que es un delito”, dijo en entrevista con GOLPERÚ.
El pasado 3 de abril, la FIFA emitió un comunicado en el que retiró de Perú la sede del Mundial Sub-17 por falta de garantías, tanto en protocolos como en la construcción (o remodelación) de recintos deportivos. La organización tampoco vio el apoyo del actual gobierno y no vio que los tiempos fueran a favor de la Federación Peruana de Fútbol.
