Filipinas es el único país del mundo, junto con el Vaticano, donde el divorcio es ilegal. Esto significa que las parejas que quieren separarse legalmente solo tienen dos opciones: la anulación o la conversión al islam. ¿Por qué esta prohibición y qué consecuencias tiene para los filipinos?
La principal razón por la que el divorcio es ilegal en Filipinas es la influencia de la Iglesia católica, que se opone al divorcio por considerarlo contrario a la indisolubilidad del matrimonio. Alrededor del 78% de los 110 millones de habitantes del país son católicos, según el censo oficial. La Iglesia tiene un gran poder político y social y ha frenado los intentos de legalizar el divorcio en el Congreso.
En 2018, la Cámara de Representantes aprobó una ley de divorcio que permitiría a las parejas separarse por causas como la violencia doméstica, el abandono o la infidelidad. Sin embargo, la ley se estancó en el Senado, donde se enfrentó a la oposición de los senadores conservadores y religiosos. El presidente Ferdinand Marcos dijo que el país debe considerar permitir el divorcio, pero que no debe ser fácil.
La opinión pública es favorable al divorcio, según las encuestas de la empresa Social Weather Stations. En 2017, por primera vez, un 53% de los entrevistados se manifestó a favor de legalizar el divorcio de «parejas irreconciliablemente separadas». En 2005, 43% apoyaba legalizar el divorcio y 45% se oponía.
La prohibición del divorcio castiga especialmente a los más pobres, que no pueden acceder a la anulación, un proceso largo, costoso y humillante que requiere demostrar que el matrimonio fue inválido desde el principio por alguna causa como la incapacidad psicológica, el fraude o la coacción. La anulación puede tardar años y costar miles de dólares, además de estar sujeta a la apelación de la Oficina del Fiscal General, que defiende la institución del matrimonio.
La otra opción para divorciarse es convertirse al islam, que permite el divorcio bajo la ley musulmana. Sin embargo, esta vía también implica riesgos legales y sociales, como ser acusado de apostasía o enfrentar el rechazo de la familia y la comunidad.
La imposibilidad de divorciarse afecta a millones de filipinos que viven en matrimonios infelices, abusivos o inexistentes. Muchos optan por separarse de hecho o formar nuevas parejas sin disolver el vínculo anterior, lo que los expone a problemas legales como la bigamia o la adulterio. Otros sufren en silencio las consecuencias físicas, psicológicas y económicas de una relación rota.
El divorcio es un derecho humano que permite a las personas rehacer sus vidas y proteger su dignidad. Legalizar el divorcio en Filipinas es una demanda social y una cuestión de justicia, especialmente para las mujeres y los niños que son las principales víctimas de la violencia doméstica y el abandono.