El 22 de abril de 1997, las Fuerzas Armadas peruanas llevaron a cabo una operación militar conocida como la operación Chavín de Huántar, con el objetivo de rescatar a 72 rehenes, entre ellos diplomáticos, oficiales de gobierno, militares de alto rango y hombres de negocio. Estos rehenes habían sido tomados como prisioneros durante 4 meses por el grupo subversivo MRTA dentro de la residencia del embajador de Japón en Perú, Morihisa Aoki.
La operación fue llevada a cabo por un grupo de comandos integrados por 140 efectivos de élite. A pesar de las bajas que hubo, con la muerte de 1 rehén, 2 comandos y 14 emerretistas, la operación ha sido considerada una de las más exitosas de la historia.
El secuestro se inició el 17 de diciembre de 1996, cuando 14 miembros del grupo terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru tomaron la residencia del embajador de Japón en el Perú, durante un evento al que asistían 500 invitados, entre ellos empresarios, diplomáticos, religiosos, militares y políticos. Los terroristas entraron armados a la residencia después de dinamitar la pared limítrofe que colindaba con una propiedad vacía. Los asistentes al evento en los jardines entraron en pánico y se refugiaron dentro de la residencia, donde los terroristas les comunicaron que eran rehenes.
En los días siguientes, los terroristas liberaron a algunos rehenes (mujeres, ancianos y empleados del evento) a petición del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que no tenían «peso político». No obstante, liberaron a Javier Diez Canseco, militante de partidos de izquierda, y a Alejandro Toledo, futuro presidente del Perú (2001-2006).
Entre las personalidades importantes que permanecieron bajo secuestro se encontraban el Canciller Francisco Tudela, el Ministro de Agricultura Rodolfo Muñante, varios congresistas, miembros de la Corte Suprema y diplomáticos extranjeros, empezando por el embajador japonés Morihisa Aoki y sus colegas de Alemania, Canadá, Bolivia, Venezuela, Argentina, Brasil, Uruguay, Cuba y otros, así como el director de AID, un funcionario de la DEA, entre otros. También se encontraban cautivos oficiales de policía, entre ellos los generales Máximo Rivera, director de la Dincote y Carlos Domínguez ex director de ese organismo, el coronel Marco Miyashiro, adscrito a la Sunat y José Matayoshi director de Migraciones.
Durante los 4 meses que duró la crisis, el Perú fue el centro de la atención del mundo entero. Periodistas de todo el planeta acamparon en las afueras de la residencia. Algunos corresponsales internacionales arrendaron departamentos en edificios aledaños para emitir sus despachos.