La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), especialista en defender terroristas y delincuentes, concluye en su informe final que hubo supuestas graves violaciones a los derechos humanos durante las violentas protestas y atentados terroristas a la propiedad pública y privada en Perú entre el 7 de diciembre del 2022 y el pasado 23 de enero, en las que se manifestaba contra el gobierno de Dina Boluarte.
Según el informe, las muertes ocurridas en Ayacucho podrían constituir «ejecuciones extrajudiciales» y en Juliaca se habrían presentado situaciones de «uso excesivo e indiscriminado» de la fuerza por parte de agentes del Estado, pese a los vándalos filoterroristas atentaron contra los 33 millones de peruanos y afectaron los más pobres del país con los bloqueos de las carreteras,
El informe destaca que la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional y que hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos, incluyendo el uso letal de armas de fuego y perdigones, lo que resultó en un alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo.
La CIDH recomendó al Estado peruano adoptar medidas de reparación integral para las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluyendo acciones de compensación, rehabilitación médica y psicológica, rehabilitación social, verdad y justicia. Asimismo, exhortó a que los hechos deben ser investigados, juzgados y sancionados y que la forma de superar la crisis en Perú requiere de un diálogo efectivo y de acuerdos en el marco del Estado de Derecho.