El reciente informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, que cuestiona la detención del expresidente Pedro Castillo, ha vuelto a encender el debate político y jurídico en el país. Sin embargo, el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga sostuvo que dicho pronunciamiento no tiene carácter vinculante, por lo que el Estado peruano no está obligado a acatar las recomendaciones contenidas en ese documento.
En declaraciones a Perú21 TV, Quiroga explicó que el informe emitido por este grupo de expertos de la ONU constituye una opinión dentro del sistema internacional de derechos humanos, pero no tiene la fuerza legal suficiente para modificar decisiones adoptadas por el Poder Judicial peruano ni para ordenar la liberación del exmandatario. Además, precisó que este tipo de pronunciamientos no puede ser utilizado como fundamento para otorgar un eventual indulto presidencial.
El constitucionalista recordó que un indulto solo puede concederse bajo las condiciones establecidas en la Constitución y la legislación peruana, por lo que un informe internacional no reemplaza los requisitos legales exigidos para esa figura. En ese sentido, indicó que cualquier decisión relacionada con la situación jurídica de Pedro Castillo deberá respetar el marco constitucional y las competencias de las autoridades nacionales.
El pronunciamiento de Quiroga surge luego de que el Grupo de Trabajo de la ONU considerara que la detención del expresidente fue arbitraria y recomendara su liberación, además de plantear una reparación e investigación sobre el proceso seguido en su contra. No obstante, diversos especialistas en derecho constitucional coinciden en que este tipo de informes tiene un valor orientador y no genera obligaciones jurídicas inmediatas para el Estado peruano, por lo que el proceso judicial contra Pedro Castillo continúa conforme a la legislación nacional.
