LIMA. El Tribunal Constitucional limita al Congreso sobre gasto público al establecer que las iniciativas legislativas con impacto presupuestal deberán coordinarse previamente con el Poder Ejecutivo. La decisión fija un criterio vinculante que regirá para los futuros proyectos de ley.
La sentencia responde a una demanda presentada por el Ejecutivo contra una ley relacionada con la reubicación de familias de la zona baja de Belén, en Loreto. El TC concluyó que el Congreso no puede promover normas que generen nuevos gastos sin respetar el principio de equilibrio presupuestario y la competencia del Ejecutivo para administrar la hacienda pública.
El fallo impone nuevas condiciones para futuros proyectos de ley
El Tribunal dispuso que toda propuesta parlamentaria que implique desembolsos deberá precisar su fuente de financiamiento. También ordenó que las comisiones legislativas soliciten un informe técnico del Ejecutivo antes de emitir un dictamen sobre proyectos con impacto fiscal.
La resolución señala que los proyectos vinculados con derechos sociales podrán avanzar, pero deberán coordinarse con el Ministerio de Economía y Finanzas para garantizar la sostenibilidad fiscal. El criterio será obligatorio para los casos que se conozcan desde la publicación de la sentencia.
Con este pronunciamiento, el Tribunal Constitucional redefine el alcance de la iniciativa legislativa en materia económica y busca evitar normas sin respaldo presupuestal. El Congreso deberá adecuar sus procedimientos a estas nuevas reglas.