Por: Daniela Ibáñez De La Puente
Factchecking. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha publicado un informe titulado “Situación de derechos humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales”. Aquí van algunos datos que valen la pena ser desmentidos:
Castillo es un maestro de las zonas rurales proveniente afuera del sector político tradicional. Pedro Castillo no ejercía su profesión hace 8 años, dado que se encontraba en licencias continuas para actuar como sindicalista. Si bien Castillo nunca se había postulado a la Presidencia si encabezó una marcha que paralizó la educación en el 2017
La negatoria de confianza a varios de los ministros del gabinete acentuó una fuerte confrontación con el Congreso. Existían razones muy legitimas para censurar a varios ministros. Es el caso de Juan Silva, Ministro de Transportes y Comunicaciones que se fugó a Venezuela y de Geiner Alvarado, sindicado como una de las cabecillas de la organización criminal enquistada en el Ministerio de Vivienda.
La protesta fue resultado de los agravios sociales y rezagos económicos de la población del Sur. Las protestas tuvieron motivaciones principalmente políticas como: la restitución de Pedro Castillo y el apoyo a su golpe de estado, la convocatoria a una Asamblea Constituyente, el adelanto de elecciones y la renuncia de Dina Boluarte. El factor económico no explica la movilización. Es especialmente el caso de Puno. Según una columna del economista Richard Webb la economía de Puno ha crecido sorprendentemente en los últimos 20 años, reduciendo la pobreza a la mitad en la región. También resalta que el crecimiento no se ha concentrado en una sola localidad y que se ha extendido a sectores como la agricultura y el desarrollo comercial
El modelo económico ha agravado las desigualdades y afecta especialmente a las poblaciones originarias. Entre 1997 y 2021 el Índice de Gini en el Perú se ha reducido más de 10 puntos. Según un estudio de IEP con OXFAM del 2022, el 70% de la población originaria y afroperuana dice tener una ocupación remunerada. Este número es mayor a otros grupos étnicos
El modelo extractivista no ha ayudado a reducir desigualdades lo cual ha acentuado el agravio de la población que se manifestó a principios de año. Esto es falso porque según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo los distritos mineros del Peru experimentaron una mayor reducción en la pobreza que los distritos no mineros en el periodo 2007 al 2011. Además según el IPE, por cada empleo directo generado en la minería se generan 8 empleos indirectos. Parte de estos empleos es por el efecto inducido en el consumo de cultivos agrícolas, cría de animales, restaurantes y educación. Esto quiere decir que la minería si tiene un efecto positivo para reducir pobreza y traer mayores oportunidades a las poblaciones locales
El modelo extractivista incluye concesiones de largo término con beneficios tributarios. En otras palabras se alude a los contratos ley. Aquí es falso que tengan un término largo o indefinido dado que duran entre 10 a 15 años. Además estas concesiones no tienen beneficios tributarios lo que tienen es estabilidad tributaria, quiere decir los mismos términos durante un plazo largo de tiempo. En algunos casos los contratos ley devienen en que las empresas paguen más y no menos impuestos. Por ejemplo, entre 2014 y 2018 Cerro Verde pagó $84 millones extras al erario público en consecuencia de los términos acordados en el contrato ley.
Fuente: Factchecking el informe del CIDH
